ARTICULO SOBRE LIBIA

LAS OTRAS LIBIAS

El Pleno del Congreso de los Diputados ratificó el pasado martes , 22 de marzo, por 336 votos a favor, 3 votos en contra y una abstención, el acuerdo por el que se dispone la participación de las tropas españolas en la resolución de la crisis en Libia y se autoriza el uso de bases militares españolas por aquellas fuerzas extranjeras que actúen al amparo de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sólo los diputados de Bloque Nacionalista Gallego y el Diputado de Izquierda Unida se opusieron a esta participación.

 La mayoría de los medios de comunicación han acogido con satisfacción esta decisión y en numerosas tertulias políticas se ha utilizado la expresión, madurez política, por la imagen que se ha transmitido al exterior de que en esta cuestión la oposición y el gobierno han ido de la mano. Incluso algunos comentaristas han visto tras el apoyo del Partido Popular a la acción del Gobierno, la necesidad de Mariano Rajoy de pasar un examen ante la comunidad internacional visto su previsible acceso a la Presidencia del Gobierno de la Nación. El amparo jurídico que ha servido de base para esta intervención militar han sido las Resoluciones 1970 y 1973 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Resolución promovida por Francia, Reino Unido y Líbano que tuvo diez votos favorables y cinco abstenciones: Alemania, Brasil, India, Rusia y China; estos dos últimos países con derecho de veto en el Consejo.

            La ofensiva de parte del ejército que sigue a Gadafi sobre Benegasi , segunda ciudad en importancia en el territorio libio y que se ha había convertido en el bastión de la oposición al régimen de Trípoli, ha sido la justificación principal esgrimida por parte de la comunidad internacional para la intervención. En apariencia una  loable bandera que se ha esgrimido en defensa de los derechos humanos.

            Si miramos a la historia reciente de Libia encontramos que la misma fue invadida por Italia en 1912 y que tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial fue la primera colonia africana en lograr su independencia, accediendo al poder Gadafi en 1969 tras un golpe de estado. Gadafi estableció un  gobierno socialista conocido como Yamahiriyya (Estado de las Masas) que pretendía ser un sistema de gobierno directo donde el pueblo ejerce el poder mediante la participación directa  en las tomas de decisiones (Poder Popular).        

Pese a la imagen que se nos puede estar trasladando, Libia según los datos publicados tiene la esperanza de vida más alta de África continental con 74 años,  cuenta con el PIB (nominal) per cápita más alto del continente africano y ocupa el primer  puesto en índice de desarrollo humano de África. Su economía se basa en el petróleo, que constituye la práctica totalidad de sus exportaciones (95%) y es la sexta  economía de África, después de las de Sudáfrica, Nigeria, Egipto, Argelia y Marruecos, pese a que sólo cuenta con una población de cinco millones y medio distribuida por un territorio que es cinco veces Italia.

Pero esta bonanza económica y el nivel de desarrollo alcanzado, respecto de sus homónimos africanos, choca frontalmente con la constante violación de los derechos humanos por parte del Gobierno Libio, como ha denunciado reiteradamente Amnistía Internacional. Esta Organización ha  señalado que Gadafi , pese a declararse públicamente a favor de la abolición de la pena de muerte en Libia, ha pedido reiteradas veces la ejecución extrajudicial de todo presunto opositor a su régimen. Cientos de personas han sufrido detenciones arbitrarias, sin mandamiento judicial y sin que se les haya informado de los motivos de su detención, padeciendo torturas de forma habitual y las familias, e incluso las tribus de los presuntos opositores del gobierno pueden sufrir despiadados castigos, incluidas su detención en calidad de rehenes o la destrucción de sus casas.

No obstante situaciones como la descrita anteriormente se han repetido y repiten en muchos Estados y en cambio la comunidad internacional o no ha reaccionado o cuando lo ha hecho ha sido de una manera más tibia. Numerosas han sido las Resoluciones de la ONU sobre el conflicto palestino-israelí  que han caído en saco roto, como la Resolución 3236 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 22 de noviembre de 1974 que reafirma el “derecho inalienable de los palestinos a regresar a sus hogares y recuperar sus bienes desde donde quiera que se encuentren desplazados y desarraigados y pide su retorno” y el derecho de la autodeterminación del pueblo palestino.

Hace poco tiempo y mientras se concedía el Premio Nobel de la Paz  2010 al disidente chino Liu Xiaobo las autoridades seguían utilizando disposiciones de la legislación penal relativas a la seguridad del Estado y a los «secretos de Estado», para silenciar la disidencia y castigar a defensores de los derechos humanos. Estas personas fueron sometidas a juicios injustos y en virtud de disposiciones de la legislación sobre procedimiento penal, no gozaron de las protecciones que sí tenían otros acusados en cuanto al acceso a la familia y a asistencia letrada y la celebración de un juicio público. Organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado la imposición como mínimo  de 7.000 penas de muerte y la realización de  no menos de 1.700 ejecuciones.

Durante el genocidio de Ruanda se calcula que alrededor de 800.000 personas  murieron. Francia, Bélgica y  Alemania, todos con importantes intereses en la zona desde el siglo XIX, evitaron intervenir pese a que como denunció el General Roméo Dallaire todos estos países tenían allí consejeros a docenas. Ellos sí sabían lo que pasaba, pero ninguno proporcionaba a la ONU y al General como su representante, la información que poseían. La existencia de yacimientos de cobre, cobalto, zinc, plata, diamantes, uranio, cadmio, coltan y otros metales raros, pero sobre todo concentraciones de oro en cantidades excepcionales fue elemento importante a la hora de observar las distintas actitudes de los países que tradicionalmente dominaron esta zona desde la época colonial.

Por supuesto ningún Estado en los casos de Israel o China, se ha planteado ningún tipo de intervención militar o la imposición de sanciones económicas  relevantes. La razón, como en el caso de Ruanda, es muy sencilla. Cuando existen intereses económicos por medio, los derechos humanos se quedan en la trastienda de las relaciones internacionales  en una clara dejación, por parte de los países, de sus obligaciones. Se establecen  unas dobles varas de medir  que varían según las necesidades o beneficios comerciales que estén en juego.

Cuando éramos pequeños y veíamos en muchas casas las escopetas que utilizaban los cazadores, escuchábamos a nuestros mayores advertirnos de que las armas las carga el diablo. La realidad es que las armas las carga el dinero.