Hace pocos días me junté con un compañero de estudios. Sabía de su participación en movimientos populares que se oponen a aquello que mejor sabe hacer la Administración. Destruir las cosas sin un mínimo de dialogo, primando valores que luego resultan estar huecos y que obedecen a componendas económicas y políticas alejadas del interés de la mayoría. Me comentó que todas las batallas que había iniciado las había perdido. Era consciente de que cada batalla planteada estaba condenada al fracaso. Pero tan claro como tenía esto, también que debía seguir peleando por aquello que consideraba justo.
En contraste con lo anterior, una sensación de fatalidad y por añadidura de resignación invade el pensamiento del conjunto de la sociedad. Sensación que se vuelve desasosiego en los sectores progresistas, cuando sienten la incapacidad de que la situación cambie. Se está sujeto al vaivén de un mercado financiero que, dentro del drama de la crisis, se dedica a especular de la misma manera y con igual intensidad que cuando la situación económica era de plena expansión.
En el mundo laboral la agresión a los derechos de los trabajadores ha adquirido tal dimensión que hasta el ámbito judicial, estamento poco proclive a identificarse con posturas progresistas, ha promovido una rebelión doctrinal y jurisprudencial en la aplicación de las reformas legislativas. Reformas que obviando la existencia de un Estado Social y Democrático de Derecho, dan un poder cuasi ilimitado a las empresas para establecer las condiciones en las cuales se presta la actividad laboral. La legislación laboral ha partido, ya sea por convencimiento, ya sea por los derechos ganados en las luchas obreras, de la consideración de que en el contrato de trabajo la ley y el convenio suponen un equilibrio que contrarreste el poder del empresario a la hora de fijar las condiciones en las cuales se presta el trabajo y las contraprestaciones que se puedan percibir por el mismo. En esta relación contractual es necesario que la legislación establezca un mínimo de derechos y que el convenio permita revertir una parte del beneficio empresarial en la mejora de las condiciones laborales. La ruptura de este contrapeso que impregna la reciente reforma laboral, queriendo vaciar de contenido los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa, supone la pérdida de este principio equilibrador. Y todo esto a medio plazo conllevará que quienes representan a los trabajadores - delegados de personal, miembros de comités de empresa y sindicatos- , sean aparcados en beneficio de las relaciones laborales individualizadas. Relaciones donde todos sabemos que al final el trabajador acaba siempre en una posición de debilidad a la hora de negociar su contrato, precarizándose el empleo y generándose amplios campos de insolidaridad entre los propios trabajadores.
Cada persona sabe, por experiencia propia, que el trabajo en nuestra sociedad constituye un elemento primordial para poder desarrollar un proyecto de vida y que su ausencia nos hace sufrir a nosotros y a nuestro entorno más cercano. Y este sufrimiento individual y colectivo, choca con un discurso macroeconómico que trata a las personas como un apunte contable o como objetos que forman parte del engranaje de la producción y cuyo sentido lo adquieren en función de su rentabilidad económica.
Esta percepción de la mercantilización de la vida de las personas, que por cercanía sentimos muchas personas que habitualmente trabajamos en el campo de las relaciones laborales o en los servicios sociales y que tanta indignidad levanta , no tiene en cambio un reflejo de igual intensidad en las protestas que hay en la calle. Sólo cuando sentimos de cerca la sensación de que nuestro puesto de trabajo está en peligro o va a desaparecer, somos capaces de generar movilizaciones y de adquirir conciencia de cuales son las consecuencias de una legislación que se ha cambiado y los efectos que ello provoca. Mientras esto no ocurre permanecemos aletargados, quejosos en muchas ocasiones y pesimistas en la mayoría de las veces. Esperamos que una persona, un sindicato, un colectivo o una asociación proteste por nosotros y encabece y promueva una manifestación. Manifestación que una vez convocada, ya decidiremos si participaremos o no.
Cuando hablamos con nuestros familiares, cuando en torno a una mesa o un café comentamos la actualidad con nuestros amigos o compañeros de trabajo, estamos plenamente convencidos de que las cosas hay que cambiarlas. Que la situación no puede seguir así. Pero no sabemos cómo hacerlo y que actuaciones hay que emprender. Nuestros argumentos a veces son simples y se reducen a decir una frase que hemos escuchado en algún sitio y que por su contenido parece encerrar una verdad. Pero cuando se nos pide que profundicemos en lo que con tanto vehemencia hemos defendido, enseguida se nos acaban los argumentos y ante cualquier contratiempo en nuestros asertos, nos escurrimos rápidamente o decimos generalizaciones, sabedores que las mismas son muestra de nuestra incapacidad.
Esta sensación de desazón sobre la posibilidad de que una sociedad responda al dolor que se le causa, al principio en colectivos marginales y paulatinamente cada vez a más ciudadanos, se puede sentir en muchos artículos que se publican en los medios de comunicación. Nos preguntamos que debe pasar para que ante el cúmulo de despropósitos que hay en muchos ámbitos, mujeres y hombres tracen una línea roja que no se pueda sobrepasar tanto por los poderes públicos como los privados. No sabemos donde y cuando surgirá la chispa que haga que ese descontento generalizado salte y diga basta. Si seremos capaces de lograr que el capital, que todo lo controla, sienta miedo porque su posición dominante se tambalee. En qué momento determinada clase política percibirá que no se puede arrinconar a un pueblo contra la pared del paro y la desprotección a costa de preservar su poder y capacidad de influencia. Y ante todos estos interrogantes, no somos capaces de encontrar la respuesta y en demasiadas ocasiones optamos por dejarnos llevar por los acontecimientos, con la esperanza de que la crisis pase sin detenerse en la puerta de nuestras casas.
Como dijo David Fernández en el discurso de investidura de Artur Mas, es hora de avanzar hacia una nueva democracia, una democracia donde, cohabiten la democracia directa, la democracia participativa y la democracia representativa. Una economía con un proyecto de futuro que sea la economía social y cooperativa; un sector público fuerte y un sector privado bajo criterios de mercado social. Y para llegar solo queda la activación popular, la desobediencia civil y la vía institucional.
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