DEMOCRACIA DE MÍNIMOS

           El término democracia proviene del antiguo griego y fue acuñado en Atenas en el siglo V a. C. a partir de dos vocablos. Se ha traducido como el poder del pueblo. En una estructura administrativa, como son los Estados, las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta. Ocurre sin embargo que los mecanismos de participación cuya legitimidad da lugar a la configuración de una sociedad por medio de estructuras sociales, políticas, legislativas, judiciales o policiales, requieren, para que las mismas respondan a su origen, unos sistemas de coparticipación y de control que hoy en día no existen o que apenas cumplen con sus cometidos. 

            La participación en el ámbito legislativo se ha ceñido a los procesos electorales que de una manera cíclica y repetitiva suceden cada cuatro años. Procesos electorales donde la existencia de listas cerradas limitan que la ciudadanía se pronuncie sobre cuales son los candidatos que mejor le representan. Campañas políticas donde el marketing, la publicidad , el acceso a determinados medios de comunicación generalistas, la falta de contenidos concretos, el endiosamiento de los líderes, así como las disponibilidades económicas con que cuentan determinados partidos, condicionan los resultados que se puedan obtener.

         Estas cuestiones, así como los casos reiterados de corrupción, la ligazón con que determinados políticos han desarrollado su actividad pública con la utilización de vehículos de alta gama, las estancias en hoteles de cinco estrellas y restaurantes de moda, la visualización de vestuarios y complementos que no están al alcance de una mayoría, han ido desafectando al conjunto de la sociedad de quienes dicen representar la voluntad de todo un pueblo. Existe una reticencia a la tramitación de las iniciativas legislativas populares y una falta de audiencia en los Parlamentos y Ayuntamientos de los colectivos afectados cuando se legisla o se toman decisiones sobre determinadas materias. Tampoco se generan cauces reales de participación de la ciudadanía en estas instituciones para que se escuchen todas las sensibilidades que giran en torno a determinados temas. Con demasiada frecuencia se percibe que son otras voces ajenas quienes realmente están gobernando. 

          Pero no es sólo la política donde la democracia se tambalea. El mal llamado poder judicial, cuando la justicia emana del pueblo y la judicatura sólo debería de aplicarla, se ha convertido en muchos aspectos en una deformación de la democracia. En determinadas ocasiones sus resoluciones son fruto de presiones políticas o de convencimientos personales. Hombres y mujeres que , salvo excepciones, tienen vivencias personales, sociales y culturales alejadas de amplios sectores de la sociedad y en especial de aquellos que más dificultades tienen para poder desarrollar un proyecto de vida personal o colectivo o que viven en la marginalidad y cuyo único horizonte es el día a día. Órganos judiciales que han sido representados por personajes, como el que fuera presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo desde septiembre de 2008 hasta junio de 2012, que lejos de ser ejemplo de sobriedad realizó sin ningún tipo de rubor y sin ninguna consecuencia penal una serie de viajes a Marbella durante varios fines de semana por motivos personales y pagados con dinero público. Actuaciones judiciales que se eternizan en vericuetos jurídicos cuando se trata de determinados personajes como en el caso del Presidente del Santander , Emilio Botin , que ha sido conocido por su habilidad para evadir las causas judiciales, y cuya personalidad fue caricaturizada en el libro ¡Oh no! ¡Voy a entrar en el mundo laboral!, de Jason Daniel Greenfield y Martin Towers.

      En contraposición a esto, todos los días vemos con que prontitud se detiene y enjuicia a trabajadores, estudiantes y ciudadanos que se manifiestan en contra de los recortes y el desmantelamiento de los servicios públicos. Y cuando el poder judicial se atreve a condenar a un mirlo blanco, como ocurrió en el caso del Consejero Delegado del Santander , al cual se le impuso una pena de tres meses de cárcel y la inhabilitación profesional, el Gobierno de turno, en aquel caso el presidido por Zapatero, acudió solicito y raudo para indultarle. Resoluciones judiciales que archivan sistemáticamente cualquier denuncia por los excesos policiales o las torturas infringidas a los detenidos y que han motivado varias sentencias del Tribunal de los Derechos Humanos de Europa que deberían sonrojar a los estamentos judiciales. Pero es que además el derecho se reinventa e interpreta en función de intereses ajenos a la justicia, extendiéndose el denominado derecho penal del enemigo. Derecho que es definido como el conjunto de normas penales sui géneris aplicables para un tipo de delincuente, trasgresor del orden social o económico y últimamente a quienes se organizan en defensa de sus derechos. Se establecen una serían de reglas diferentes a las del derecho penal normal o aplicables al ciudadano “normal”, infractor de otros ilícitos, el cual sí contaría con los derechos y garantías reconocidas por el derecho penal moderno consignadas en las constituciones y convenios internacionales. Se trataría de dos derechos penales distintos y con distintas finalidades o funciones, comprendidos en un mismo ordenamiento o bien en leyes especiales.

       Pero la falta de democracia se va extendiendo como una mancha de aceite en una balsa de agua. En el plano económico aquellos que por su ambición y falta de prudencia motivaron esta crisis, son los mismos que ahora nos dicen cómo debemos rescatarlos y cuáles son los sacrificios que debemos de soportar: Se traslada la amenaza velada de que un colapso financiero del sistema, supondría la quiebra y la pobreza de todo un país. La posibilidad cada vez más cercana de un rescate, conllevará la firma de un memorándum y supondrá una nueva regulación sobre las pensiones y las prestaciones de desempleo. Unido a lo anterior, las limitaciones del déficit público está suponiendo la desmantelación progresiva del estado de bienestar social y con ello la ruptura de la balanza que hasta ahora equilibraba, si bien defectuosamente, las relaciones sociales.

       El día 14 de noviembre está convocada una huelga general. No se trata, sólo, de defender los derechos de los trabajadores o trabajadoras, ni de protestar por las pérdidas de las ayudas a la dependencia, la disminución de las becas y las subidas de las tasas académicas o la salvaguardia de la sanidad y educación pública frente a la iniciativa privada que está esperando la retirada de lo público para buscar espacios de negocio. Se trata de que la democracia, es decir el poder del pueblo, empiece a volver a quién es su depositario. Y este empeño será un duro camino que todo/as deberíamos empezar a recorrer.