PROTESTAS DE ESTUDIANTES EN VALENCIA

ANTES ERAN GRISES, AHORA SON AZULES

            “ Antes eran grises, ahora son azules “ gritaban los alumnos del Instituto Lluís Vives delante de las denominadas fuerzas de orden público, minutos antes de que las mismas cargasen. Mostraban toda su rabia por el despropósito que supone que unos funcionarios del estado, utilicen unos medios públicos para abortar una protesta estudiantil en una comunidad donde la corrupción ha campado a sus anchas. Corrupción que conlleva que la educación pública se vea sometida a una serie de recortes presupuestarios que afectan directamente a la igualdad de oportunidades y ponen en entredicho el estado de bienestar social.

            El problema de la utilización de la policía como medio represivo, no sólo es una cuestión que se ciña a un hecho puntual como el acontecido estos días en Valencia. Ya tuvimos ocasión de ver escenas dantescas en el desalojo de  los indignados que estaban en la Plaza Catalunya, mientras permanecían sentados y en actitud pacífica. Actuación que por fue calificada por muchos comentaristas de brutal y que tuvo un amplio reflejo en diversos medios de comunicación.

            Pero si algo hay que destacar de lo que hemos podido ver, tanto en la televisión como en internet, es que estas escenas han sido el reflejo de la impotencia de un sistema político que  es incapaz de dialogar y  generar ilusión a amplios sectores de la sociedad y en especial de la juventud. Rosas, manos desnudas y libros alzados contra las porras y  las lanzapelotas. Mujeres, jóvenes y adolescentes con la única arma de un papel entre sus dedos  frente a chalecos protectores y escudos.  Cada golpe propinado y cada cuerpo que lo ha sufrido, ha sido una bofetada en la legitimidad que supuestamente se intentaba defender, la sinrazón de unos políticos que conformen se acercan al poder se alejan de quienes dicen representar y defender y  están  más pendientes de satisfacer las demandas de los mercados y garantizar el orden preestablecido.

            Todas estas actuaciones y las que en el futuro próximo veremos, no obedecen a hechos puntuales ni dejan de tener un claro componente político. Además obedecen a ciertas estructuras institucionales que no fueron depuradas en su momento y que generaron campos de impunidad que hace que las mismas crezcan y se amolden patrones de conducta que se reiteran en el tiempo, sin que el advenimiento en su momento de la democracia cambiase determinadas pautas de comportamiento.

            Por ello no es de extrañar que en año 2003 el Relator Especial contra la Tortura de la ONU, Theo Van Boven, publicara un informe en el que relataba 110 casos de tortura cometidos por las fuerzas de Seguridad en España durante el año 2002. Tras realizar una vista en octubre de 2003, el Relator presentó un informe donde se decía que las torturas en España se realizaban de forma “más que esporádica”, por lo que afirmaba que “no se podían considerar una invención las demandas de malos tratos”. Dos años después, en marzo de 2006, se publicaba un nuevo informe donde se  criticaba el sistemático archivo de las denuncias por torturas, la falta de implicación judicial, recogiendo escabrosos ejemplos que demostraban la falta total de voluntad del Gobierno español por erradicar esta práctica. , no habiendo implementado ninguna mejora desde el anterior informe. En mayo de 2008, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU volvió a enviar a su Relator Especial, Martin Scheinin, ante la preocupación por la situación de las torturas que seguían cometiéndose por parte de las Fuerzas de Seguridad en España. Rachel Taylor, investigadora en Amnistía Internacional, llegó a sentenciar que  “no sólo hay malos tratos y tortura infringidos por agentes de seguridad, sino también una impunidad efectiva casi total para los responsables”, señalando que el mayor problema es precisamente “la falta de voluntad demostrada para poner fin a ello.”

            La policía en los Estados democráticos debe ser un instrumento al servicio del conjunto de la ciudadanía, garantizando todos los derechos reflejados en los textos constitucionales. Por el contrario cuando se actúa cómo en Barcelona o en Valencia , las fuerzas de orden público se  convierten en meros cuerpos represivos al servicio de intereses totalmente ajenos a la mayoría de la sociedad. No puede ocurrir que el responsable político que está al frente de un Departamento , Ministerio o Delegación ,  decida si en un momento determinado  hay que intervenir o no  y en la toma de esa decisión intervengan factores totalmente ajenos a lo que se pretender proteger.  La existencia de un cálculo político para justificar determinadas actuaciones, debilita de tal manera las actuaciones de la policía que la resistencia civil de quienes están ejerciendo sus derechos y sufren la violencia policial está plenamente legitimada. Además como expuso la Asociación Jueces para la Democracia la utilización de términos como "enemigo" para definir a los participantes en las protestas, conllevan al "concepto del Derecho Penal del enemigo", con el que, según explica, "se criminaliza a grupos de ciudadanos por su mera adscripción a un colectivo concreto".

            Si bien se agradece que desde diversos ámbitos de la izquierda y determinados medios de comunicación próximos , se critique con dureza la actuación policial de Valencia, se echa en falta que cuando han existido actuaciones de mayor virulencia en nuestro entorno más cercano, el silencio se haya instalado para no molestar a quienes justificaban y aún siguen justificando cualquier actuación bajo el paraguas del terrorismo o por el miedo a ser criticados por mostrar su rechazo a estos comportamientos.

            Jose María Carrascal, cronista de ABC, decía  en su columna de opinión que en  Valencia se está ensayando la oposición que piensan hacer la izquierda y los sindicatos: desleal y antidemocrática. El periódico La Razón, en su editorial, apuntaba que los violentos altercados  de Valencia no son episodios aislados ni pasajeros y forman parte de la estrategia de la izquierda radical que irá en aumento en los próximos meses y se extenderá a diversas ciudades con la excusa de los recortes educativos o laborales, con la intención de alterar gravemente la paz social y la normal convivencia ciudadana. Toda una declaración de lo que nos espera.